18 de Marzo-Estábamos en el aire
La presentación que la presidenta Cristina Fernández hizo del proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual, recoge la demanda de cientos de organizaciones que se expresan por el fin de la ley 22.285 firmada por los militares. No sólo fue instrumento de la dictadura, también del período constitucional. Voces locales a favor de la pluralidad de voces y la democracia informativa.
Radiodifusión democrática
Por Alicia Simeoni*
La posibilidad de recibir y también de brindar información es un derecho humano y de ese modo está contenido en los artículos 13º y 14º, los derechos del informador y del informado, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, en muchos de los países firmantes del pacto, entre ellos el nuestro, la información está tan lejos de tener ese valor como de que los dueños de los medios-soportes y formatos utilizados para que llegue a los receptores, le adjudiquen el valor enunciado. Con una estructura de la propiedad de los medios cada vez más concentrada, -reflejo por una parte de la situación mundial y por otra de la vocación autóctona por acumular medios y poder-, la presentación que la presidenta Cristina Fernández hizo en La Plata, del anteproyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tiene desde ya dos valores que pueden potenciarse en sí mismos y mostrar sus bondades: 1º) recoge la concepción del sistema interamericano de justicia respecto de la información como derecho humano; 2º) toma los 21 puntos elaborados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática y en base a ellos elabora el texto que la mayoría de las decenas y decenas de organizaciones que la forman, aún no terminó de estudiar en los aspectos más finos.
¿Por qué esos dos puntos pueden potenciarse? Para el caso del primero, la relación entre derechos humanos y comunicación, refiere necesariamente al debate de los debates en el país, el que contiene las categorías opuestas de inclusión y exclusión. La inequidad en la distribución de la riqueza contiene otras muchas, entre ellas la del acceso a la comunicación. Por eso, si se llega a la ley y a su aplicación, caerán los argumentos y muchos de los mecanismos que naturalizó la expropiación de la palabra para tantísimas personas: pobres, niños, jóvenes, mujeres y lo poco que tenemos de los pueblos originarios. Se trata de datos comunes a toda Latinoamérica, con la variación que supone la mayor o menor población indígena en cada país.
Para el segundo punto, el de la Coalición, que se haya tomado su producto la refuerza en el primer, elemental y a la vez más difícil criterio que deben saber jugar, en política, las organizaciones populares y representantivas de la sociedad: el de la organización a partir de priorizar los puntos en común por sobre aquellos que los separan. Además de recordar que esta instancia fue armada en 2004 -y no para terciar con el conflicto gobierno-campo-, hay que decir que ahora le corresponderá la responsabilidad de movilizar, como casi seguro será necesario, para defender esta propuesta de ley de las seguras acechanzas monopólicas a través de los voceros de rostros variados.
No es casualidad que a 25 años de democracia permanezcan, intocables, la Ley de Radiodifusión y la de Entidades Financieras, elaboradas por la dictadura pero asumidas por los gobiernos constitucionales que no se animaron a cambiarlas. La amenaza para que el proyecto muera en el intento existe y no son necesarios enunciados explícitos. Esa situación tantas veces invocada, la de la correlación de fuerzas, se pondrá en fuerte tensión. No estar preparados para enfrentarla sería una ingenuidad y una irresponsabilidad histórica.
*Periodista de Rosario/12 y docente de Comunicación Social).
Más calidad, más amplitud
Por Eduardo Seminara*
Lo más importante de esta propuesta de proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es que viene a cumplir una deuda que tiene el sistema democrático argentino con toda la población: las clases dirigentes fueron siempre renuentes, a pesar de que se presentaron distintos proyectos en la materia, a derogar la 22.285 que lleva la firma de la junta militar que gobernó entre 1976 y 1983. Creo además que la sola presentación del proyecto es una actitud muy valiente, tanto por el momento que atraviesa el gobierno nacional como por el de la población en general. Y lo que se propuso conlleva calidad democrática y propende a ampliar la cantidad de enunciadores que tiene el sistema de teleradiodifusión. Esto es muy importante, cuanto más voces se pueden escuchar quiere decir que como sociedad nos estaremos escuchando o intentaremos que esto suceda cada vez más. Se trata también de aprender a convivir en la incertidumbre y en la diferencia que es una de las cualidades de la democracia y de la República. Más participación, mayor cantidad de enunciadores, mucha teleradiodifusión pública y gratuita, porque se habla de servicios, que deben ser igualitarios y gratuitos para la mayor cantidad de gente. La otra importancia radica en que hoy asistimos a una distribución desigual de la riqueza pero también de la comunicación y de la cantidad de información que recibe cada ciudadano. Eso implica que hablamos de ciudadanos hiperinformados, con acceso a recursos tecnológicos iguales, o casi iguales a los del primer mundo, y ciudadanos que tienen muy poco acceso y sólo a algunos servicios públicos de radiodifusión. No todo el país es esta región, la pampa húmeda, porque en el norte de Formosa, por poner sólo un ejemplo, si no estuviera el canal público, no habría nada porque ese territorio no es negocio para los grupos económicos concentrados.
Desde la UNR también podemos decir, cuando pensamos en el área de influencia de nuestra institución, que nuestra FM Universidad es muy importante pero tal vez insuficiente y sería de trascendencia poder tener acceso, como la ley lo va a prever, a algún servicio de televisión. Así como el Canal Encuentro fue una revelación a nivel nacional, nosotros creemos que hay que aportar a las miradas regionales, construir una identidad local en un mundo globalizado es casi tan importante como reconocer los valores culturales que cada lugar tiene en la producción de sus propios habitantes.
Este es un tema que nos atañe a todos porque una sociedad desinformada, o mal informada, toma decisiones equivocadas. Por otro lado creo que hay que hacer esfuerzos por hacer llegar a toda la población que el libre acceso a la información es un derecho humano que debemos defender. Las cooperativas y mutuales tenían el derecho vedado como para acceder a una licencia y en Santa Fe hay alrededor de 7.000 mutuales y cooperativas.
Posiblemente haya aportes hacia el anteproyecto y también embates negativos. Creo que el texto presentado limita el monopolio y está bien que así sea. ¿Si el proyecto corre riesgos?. Creo que esa duda la vamos a tener hasta que se promulgue y se empiece a poner en práctica. Pero nuestra historia dice que debemos ser muy cuidadosos.
*vicerrector de la UNR.
Producción de bienes culturales
Por Fabián Bicciré*
En el marco de la enorme tarea que tenemos por delante, tanto el Estado, como la sociedad, para construir políticas públicas de comunicación que tiendan a democratizar el sistema de medios en la Argentina, hay que destacar que el nuevo proyecto propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, contempla el otorgamiento de nuevas licencias para radios de baja frecuencia. Además incorpora la posibilidad que todas las emisoras universitarias puedan transmitir en radios de amplitud modulada. También estipula, para las Universidades Nacionales, la posibilidad de explotar licencias para canales de televisión. Sin dudas, implica un significativo reconocimiento para que las Universidades -a través de medios de comunicación autónomos y públicos- sean productoras de diversos contenidos alimentados por las singulares realidades locales y regionales. Desde la Escuela de Comunicación Social continuamos aportando proyectos e ideas para concretar un proyecto comunicacional global, conducido por profesionales de la comunicación comprometidos con un proyecto institucional en defensa de la universidad pública y de la radiodifusión democrática.
La nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, permitirá que los universitarios produzcamos bienes culturales en medios públicos y autónomos, donde circulen ideas y propuestas plurales y críticas. La comunidad universitaria y especialmente la sociedad civil, deben vislumbrar en los medios públicos universitarios, un espacio de expresión diverso, democrático y profundo en sus contenidos programáticos. De este modo, los medios de comunicación de las universidades pueden convertirse en un espacio esencial de interacción y comunicación permanente con la comunidad.
La ciudadanía de nuestra región debe poder apreciar a los medios universitarios como auténticos espacios de comunicación, donde se aborden problemáticas (sociales, políticas, científicas y culturales) que constituyen su identidad como comunidad.
La Universidad con las posibilidades que otorgará la nueva legislación, deberá construir un proyecto comunicacional integral y estratégico, estrechamente vinculado a la región donde está inscripta como institución pública y en ese sentido se trabaja desde Comunicación Social.
A partir de estas líneas esperamos aportar ideas que sirvan para legitimar la importancia de los medios públicos, promover la radiodifusión universitaria y rescatar a la comunicación como un bien público y social, gestionada con transparencia e idoneidad profesional. Reafirmar nuestro compromiso con la comunicación pública, regulada con estatutos democráticos e independientes de las autoridades de turno. Afianzar la importancia de los medios públicos, administrados y gestionados en forma pluralista en términos políticos, profesionales y culturales. Estamos convencidos que es urgente sumar esfuerzos y articular voluntades para defender un cambio profundo en el sistema comunicacional de nuestro país. La dispersión de fuerzas garantiza el mantenimiento de las desiguales posibilidades de acceso y producción de bienes culturales, y también inhabilita para pensar e implementar una comunicación de servicio público.
*Decano de la Facultad de Ciencia Política y RR.II. en cuyo marco funciona la Escuela de Comunicación Social).
El acceso a medios propios
Por Edgardo Carmona*
Es de vital importancia que desde el gobierno nacional, la presidenta de la Nación, presente e impulse un anteproyecto de ley de medios audiovisuales y un debate para enriquecerlo, y así saldar la vieja deuda de la democracia con la derogación de la ley firmada por los genocidas de la dictadura. Que esta propuesta recoja en su fundamentación los 21 puntos consensuados en el 2004, en el marco de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, de la cual somos parte fundadora junto a más de 100 organizaciones del campo popular, es un comienzo alentador.
No se trata de ser oficialistas u opositores, esta ley trasciende la coyuntura política partidaria, es una ley básica para el fortalecimiento de nuestra democracia. Reivindicamos el espíritu de la propuesta para democratizar la comunicación y la consideración de la información como un derecho humano universal. Dotar a la nueva norma de contenido federal es transformar la realidad y es fundamental el enunciado de impedir los monopolios y los oligopolios que limitan la independencia periodística y achican el margen de expresión de la sociedad civil. Soñamos con un país distinto donde se pueden escuchar todas las voces, queremos pluralidad y diversidad.
Una distribución equilibrada del espectro garantizando un 33 por ciento para las organizaciones sin fines de lucro es un paso para que todos los ciudadanos de Rosario, de nuestra región, de las organizaciones sociales, sindicales y cooperativas, entre otras, puedan acceder a medios propios.
En este anteproyecto también se plantea mayor porcentaje de producciones locales y regionales lo que implica más puestos de trabajo y mejores contenidos con sentido federal. Saber qué pasa en nuestros barrios, en Pérez o Casilda, será más genuino que conocer de los baches o la temperatura en Capital Federal.
También debemos destacar la participación en el Consejo Multisectorial que funcionaría en la autoridad de aplicación con representantes de los trabajadores. Este es un reconocimiento al lugar que siempre debimos tener quienes hacemos cotidianamente los medios audiovisuales. La concentración, la falta de democracia informativa, no son sólo un problema que afecta a los trabajadores de prensa, afecta y condiciona a toda la sociedad. Es, por tanto, obligación del Estado regular los bienes públicos y asegurar su distribución en un reparto equitativo, en este caso las ondas que se licitan son patrimonio de la humanidad, un patrimonio finito, y no puede dejarse al arbitrio del mercado que da como resultado que los poderes concentrados manejen la información de este país.
Nunca aceptamos regulación de contenidos o silenciamiento de voces. De allí que exijamos que el acceso a los medios sea equilibrado, justo y plural para hacer visible lo que hoy, desde el poder mediático, se
invisibiliza . Todas las voces deben tener la oportunidad de ser escuchadas para que cada argentino pueda gestar, sin manipulación, su propia opinión. El derecho a la información, al igual que el acceso a la educación, a la salud y a la vivienda, debe estar garantizado por el Estado. No hay democracia si sólo hablan los poderosos.
Es por esto que pedimos a toda la sociedad que haga suyo estos debates que se abrirán durante 60 días para analizar a fondo la propuesta, para enriquecerla, para corregirla si fuera necesario y para que cuando llegue finalmente como expresión cabal de todo el pueblo al Congreso, nuestros legisladores tengan el coraje de transformarla en ley.
Desde el Sindicato de Prensa Rosario, de la Federación de Trabajadores de la Comunicación y la Cultura y desde la CTA de nuestra provincia reivindicamos la libertad de expresión como un derecho humano básico y reafirmamos que la lucha de nuestro pueblo por una justa distribución de la riqueza, va de la mano de la democratización de la comunicación. Una nueva ley de medios audiovisuales es su herramienta estratégica.
*Secretario General del Sindicato de Prensa Rosario.
Limitación de los monopolios
Daniel Fossaroli*
Este proyecto de ley que presentó la presidenta se tiene que transformar en el proyecto de la sociedad porque se construyó desde la sociedad. Nosotros dimos la letra a este texto con el trabajo y los reclamos de todos estos años. Lo que hizo la presidenta Cristina Fernández, -podía haberlo hecho otro, pero no lo hizo-, fue tomar toda la lucha de más de 20 años, traducirla en un borrador de proyecto de ley, presentarlo a la sociedad para que se debata en foros públicos y que luego vaya al Congreso. Algo que me parece fundamental para los opositores a esta ley: que vayan y participen en los foros públicos, que discutan con la gente que va a participar en la construcción de esta ley. ¿Y quién es esa gente?. Las radios comunitarias que trabajamos desde hace más de 20 años, los gremios de prensa, las escuelas de comunicación social y universidades, las organizaciones de derechos humanos, otras sociales más actores, directores y tantos otros que conformaron la Coalición. No somos un invento de este último año.
Los que no están de acuerdo que vengan a debatir y que no confabulen en un cuarto, encerrados, con cuatro expertos y en las sombras. Ya sabemos qué corre en los pasillos y en las sombras.
Cuando el anteproyecto tome legitimidad social a través de la discusión en foros que se harán en todo el país, llegará a las cámaras y allí van a tener también otra posibilidad de discutir. Es cierto que hay riesgos y que los enemigos de la ley y de la democracia estarán al acecho, de allí que la mejor manera de conjurar el peligro sea con la legitimación de la mayor parte de la sociedad. En público se debate, insisto, en la oscuridad están los riesgos. 'Sobres', 'propinas' y otras formas utilizadas para cambiar el curso de lo que debe ser, encuentra su lugar propicio en las sombras. El tema es que quienes se oponen a que exista una nueva ley no van a ir a debatir, se quedarán en las calificaciones detractoras y en las operaciones.
Lo errores o fallas que pueda tener el texto hay que señalarlos, marcarlos en los foros y tratar de que se tomen para que el proyecto llegue a los congresistas como lo quiere la sociedad.
Uno de los aspectos importantes es la limitación del monopolio a través de la distribución equitativa del espectro radioeléctrico que es un bien de la humanidad y el Estado sólo debe administrarlo y dárselo a quien esté en mejores condiciones de utilizar ese recurso de la humanidad para el bien de todos. Mientras en más manos esté este recurso, habrá mayor multiplicidad de voces y mejor calidad democrática. Si además se establece la cuota de producción propia local, se favorece la promoción de la identidad y la cultura locales. Además se crearán nuevos puestos de trabajo. Hay que entender que la comunicación es un derecho humano y no un negocio.
*Presidente de FARCO (Federación Argentina de Radios Comunitarias) e integrante de Aire Libre-Rosario.
